Ciudad de México, 24 de julio de 2025. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que el combate al huachicol fiscal será radical: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró, en referencia a la importación y comercialización de combustibles sin pago de impuestos como IEPS o IVA.
La mandataria explicó que las investigaciones, en colaboración con Estados Unidos, ya han generado información valiosa sobre las estructuras, incluyendo empresas fachadas y rutas aduanales utilizadas para importar crudo robado y disfrazarlo como otros productos libres de impuestos.
Sheinbaum detalló que el objetivo es garantizar la legalidad y trazabilidad del combustible, desde su origen hasta su destino en gasolineras, además de revisar permisos de importación y proceder con sanciones administrativas y penales cuando sea necesario.
Recordó que la embajada de Estados Unidos advirtió sobre un esquema binacional que involucra el robo de crudo en México, su refinación en Texas y su reimportación como combustible “legal”. Añadió que esta dimensión internacional exige un esfuerzo conjunto.
Esta estrategia incluye la modernización de los sistemas de monitoreo de ductos y refinerías, así como reformas al SAT y la Ley de Hidrocarburos para aumentar facultades de inspección, suspensión de permisos y persecución de responsables.
En lo que va del año, el gobierno ha asegurado varios decomisos impactantes: más de 15 millones de litros en Coahuila, 39 millones en ocho meses y clausura de una refinería clandestina, lo cual demuestra la intensificación de los operativos coordinados entre autoridades federales y estadounidenses.
Sheinbaum consideró que desmantelar el huachicol fiscal no solo protege las finanzas públicas —afectadas con pérdidas de hasta 9 000 millones de dólares al año—, sino que también desarticula esquemas de corrupción y financiamiento de redes del crimen organizado.
Con una clara advertencia, la presidenta reafirmó que la acción se mantendrá sin importar quién esté involucrado —funcionarios, empresas o intermediarios— y que la medida busca restablecer el estado de derecho y la soberanía energética del país.
